Según el Banco Mundial, a causa del cambio climático, en Perú se podría generar una pérdida acumulada por 15 mil millones de dólares para el 2050. De hecho, solo de los resultados derivados del ciclón Yaku y de la temporada de lluvias el país preliminarmente registró cifras que superan los 4 mil millones de dólares en pérdidas económicas, 60 fallecidos, 12 mil damnificados y 1,300 viviendas destruidas.
En este contexto, la economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Mónica Muñoz-Nájar, señala que urge la implementación de medidas que permitan mitigar el impacto de desastres naturales en la población y en los sectores productivos del país.
La especialista precisa que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a su geografía y biodiversidad, ya que cuenta con 27 de 32 climas del mundo. A su vez, añade que la crisis climatológica está afectando el acceso a recursos vitales, por ejemplo, a la fecha, el país ha perdido el 43% de la superficie de glaciares, lo que afecta el acceso a agua potable que proviene de estas fuentes.
Los efectos de estas alteraciones climáticas impactan en gran medida a las regiones de la sierra. Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indica que, en los últimos cinco años, las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Cajamarca registraron mayores incidencias de desastres naturales con más de 5 mil cada una. En esa línea, las que tienen mayor presencia en territorio nacional son las lluvias intensas (más de 21,000), vientos fuertes (5,416), deslizamientos (4,073), heladas (3,916) e inundaciones (2,344).
Impacto sectorial
El cambio climático tiene un efecto directo sobre las actividades económicas que dependen del clima. Por ejemplo, la afectación alcanza a los sectores agrícola y pesquero. En el caso del primero, este sector enfrenta las consecuencias de las sequías, heladas y olas de frío que terminan afectando los rendimientos de los cultivos y, en consecuencia, impacta en los precios de los alimentos. En cuanto a la pesca, podría disminuir la presencia de la anchoveta, lo que impacta negativamente en la producción de harina y aceite de pescado.
Por otro lado, el impacto ambiental del cambio climático podría generar la pérdida de hasta el 50% de las especies de plantas y animales en algunas regiones del país, afectando gravemente la biodiversidad. Esto, además, podría afectar al turismo, una fuente importante de ingresos para el país.
Según la economista, el acceso a agua potable también podría verse perjudicado. “La disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura podrían reducir la disponibilidad de agua en un 30% para 2030 y en un 50% para 2080, lo que afectaría a la agricultura, la generación de energía hidroeléctrica y el suministro de agua potable”, resalta Muñoz-Najar.
Sobre el sector salud, el cambio climático podría propiciar una mayor prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua. Este es el caso del dengue, que en los últimos meses, ha venido afectando a la población ubicada en los departamentos del norte, principalmente.
A este riesgo climático que puede llegar a afectar la economía, se suman el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico. “Hay que considerar que el crecimiento no es auspicioso. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha estimado que la economía crecerá 2.2%, una cifra menor a la estimada inicialmente de 2.6%; mientras que otras entidades tienen proyecciones más pesimistas debido a lo que pueden representar los efectos del Fenómeno del Niño. Por ello, resulta importante identificar las medidas a ejecutar a fin de atender esta problemática”, agrega Muñoz Najar.
La especialista reitera la necesidad de la adopción de medidas para contrarrestar estos fenómenos climáticos. “Existe un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático aprobado el 2021, pero los otros ministerios no lo consideran y hay poca iniciativa del poder ejecutivo para implementarlo, tomando medidas más estratégicas y con mayor impacto”, señaló Muñoz-Nájar. Entre las iniciativas propuestas se encuentran el fortalecimiento de la gestión del agua, el desarrollo de infraestructuras resilientes (puentes, carreteras, colegios, hospitales) y el fomento de prácticas sostenibles en la agricultura y la pesca.
